Perspectivas sobre la Reducción de Riesgos y Daños en México Consumir alcohol, cafeína, tabaco y otras sustancias psicoactivas es una práctica universal, constante y transversal. Su consumo ha formado parte de nuestras tradiciones y de nuestras culturas desde el principio de los tiempos. La prohibición o restricción de dichas sustancias también ha sido parte de nuestra historia, pero fue en el siglo XIX, durante los movimientos de la temperancia en Estados Unidos y la guerra del opio en China, que se implementaron políticas que restringían su consumo mediante acciones punitivas que estigmatizaban a las personas usuarias, calificándolas de delincuentes o enfermas por consumir. 

Así, desde entonces a la fecha, el consumo de sustancias psicoactivas se ha entendido como una situación en donde la persona usuaria está faltando a la moral y se le reclama por presentar un consumo experimental, por un trastorno por consumo de sustancias o hasta por presentar una comorbilidad derivada de la situación o de contextos de desigualdad y/o violencia en el que se desarrolla. 

Con esta estigmatización se ha justificado por años acciones violatorias de la dignidad y de los derechos humanos, como los internamientos involuntarios, la violencia física y desapariciones forzadas. Las diferentes violencias que viven las personas usuarias tienen consecuencias que las vulneran aún más, alejándolas de la comunidad y de los servicios de educación y salud disponible: “los abandonamos por el mismo problema por el que necesitan ayuda” (Tatarsky, 2012).

La evidencia científica ha demostrado que la implementación de programas pragmáticos—con base en el respeto a los derechos humanos y que parten de la vinculación entre gobierno y comunidades—aumenta los factores de protección y contribuye a prevenir que las personas presenten trastornos por consumo de sustancias. Estos hallazgos se ven reflejados en los estándares internacionales de buenas prácticas en la prevención, atención y tratamiento dirigido a personas usuarias de sustancias, sus familias y las diversas comunidades.

Desde el inicio de la transformación de la vida pública en México, se tiene como prioridad trabajar en las causas de los problemas que pueden llevar a consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Estamos a la espera de los nuevos lineamientos, pero vale la pena recordar que, El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 plasmó la necesidad de un cambio de paradigma en el punto 5.- Reformular el combate contra las drogas: “La “guerra contra las drogas” ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública. 

La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya la presentan mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica.”

En este mismo sentido, en el Plan Sectorial de Salud 2019-2024, documento base de las políticas públicas en la materia, se puntualiza la necesidad de incrementar los ámbitos de incidencia relativos a la Salud Mental: “Un componente, hasta ahora olvidado, de la atención médica es la salud mental, y sabemos que la patología mental genera heridas profundas que afectan a las personas y la comunidad en su conjunto”. A su vez, el quinto objetivo menciona: “tiene como propósito la atención de los problemas predominantes de salud pública, como es la obesidad y las enfermedades no transmisibles, la salud sexual y reproductiva, la salud mental y adicciones cuya conjunción afectan tanto la salud individual y poblacional.”

El proteger la salud de las personas usuarias de sustancias es el eje rector para la construcción de políticas que pongan en el centro la dignidad de las personas, la no criminalización, el respeto al libre desarrollo de la personalidad y la redignificación de las poblaciones clave. A su vez, permite acercar información y estrategias de autocuidado, basados en evidencia científica. La abstinencia no se plantea como condición sino como una opción de tratamiento. 

La Reducción de Riesgos y Daños es una política transversal al incorporar sus principios en los 3 niveles de atención, a través de la educación, capacitación y supervisión del personal de salud que brinda el servicio y está dirigida a las personas que no pueden o no quieren dejar de usar sustancias psicoactivas y a quienes se les deben garantizar sus DDHH. 

Las personas usuarias de sustancias psicoactivas deben contar con información basada en evidencia científica sobre el control en las cantidades, formas de consumo, frecuencias, diferencias entre tipos de sustancias y diferencias entre tipos de consumo, para que se reduzca el riesgo a lo más posible y al mismo tiempo las instituciones deben generar estrategias de Reducción de Riesgos y Daños basadas en evidencias y medir su costo efectividad, partiendo de la realidad de la persona usuaria, el contexto y la sustancia o sustancias usadas. Además, se debe disminuir el estigma hacia las personas usuarias de sustancias, para eliminar las barreras a los servicios de salud y disminuir las brechas de desigualdad. 

Para lograr este objetivo es necesario incorporar a la sociedad civil y a las personas usuarias a la toma de decisiones en cuanto a las mejores estrategias de reducción de daños en cada comunidad o región con el objetivo de aumentar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo para el consumo problemático de sustancias psicoactivas, proporcionando alternativas saludables y promoviendo modificaciones adaptativas en los vínculos familiares y sociales.

Las estrategias de reducción de riesgos y daños tienen un mayor impacto en poblaciones clave como las personas usuarias de sustancias por vía inyectada, personas privadas de la libertad, personas trabajadoras sexuales, personas pertenecientes al colectivo LGBTTTIQ+, mujeres, personas en tránsito y personas que habitan en calle, que requieren de manera particular acciones de Reducción de Riesgos y 

Daños Algunas de las estrategias de Reducción de Riesgos Daño son:

  • Detección de VIH, hepatitis virales y otras Infecciones de transmisión sexual
  • Psicoeducación sobre salud sexual y reproductiva 
  • Uso de equipo para consumo de menor riesgo de sustancias psicoactivas 
  • Prevención de sobredosis 
  • Prevención de accidentes 
  • Prevención de suicidio y otros trastornos mentales 
  • Tratamiento asistido con medicamentos para los trastornos por uso de sustancias
  •  Uso de tratamiento de sustitución con opioides 
  • Servicios de análisis de sustancias 
  • Espacios libres de humo y emisiones 
  • Alcoholimetría